La transición hacia la movilidad eléctrica en España enfrenta obstáculos significativos. Las gasolineras que desean adaptarse a esta nueva realidad deben superar barreras económicas y burocráticas que ralentizan el despliegue de infraestructura.

La propuesta del Gobierno para actualizar la parte regulada de la factura de la luz en 2026, vuelve a poner el foco en los cargos y peajes, dos elementos clave que determinarán cómo evolucionará la factura eléctrica el próximo año.

En noviembre de 2025, los costes regulados del sistema eléctrico en España aumentaron casi un 34 % respecto al año anterior, tras la implementación de un “modo reforzado” desde el apagón de abril. Esto impacta en los costes de luz y gas, y acaba repercutiendo en el bolsillo de los hogares.

La UE ha decidido poner fin a todas las importaciones de gas ruso en 2027. Un cambio histórico que llega en un invierno con reservas al 75 %, por debajo del objetivo, y que plantea nuevas preguntas sobre consumo, precios y futuro energético.

El Gobierno anunció que en 2026 finalizará el MOVES III y entrará en vigor el Plan Auto 2030, que centraliza ayudas, agiliza trámites y mejora la red de recarga. Un paso clave para impulsar la movilidad eléctrica y facilitar la transición a los usuarios.

La red eléctrica española enfrenta un colapso: la mitad de las solicitudes urbanísticas de acceso quedan sin respuesta. La falta de capacidad amenaza la transformación del parque de viviendas y los objetivos climático.

España registró un avance del 2 % en su generación renovable durante el tercer trimestre de 2025. Según datos provisionales de la Red Eléctrica Española (REE), la fotovoltaica marcó récord con 17.104 GWh, aunque el resto de energías frenó el crecimiento.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo tras detectar una situación crítica en la red eléctrica de la zona central de Asturias.