El precio de la electricidad y los carburantes protagonizan la bajada de la inflación en enero de 2026, con un descenso del Índice de Precios de Consumo (IPC) de cinco décimas hasta el 2,4 %, el nivel más bajo desde junio de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El rechazo del decreto ómnibus en el Congreso tumba los descuentos extraordinarios del Bono Social Eléctrico, que pasan del 57,5 al 50 % para hogares vulnerables severos. 1,8 millones de personas verán encarecida su factura de luz.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Registro de Vehículos Personales Ligeros (VMP), que entrará en vigor en fechas próximas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta medida afecta a más de 4 millones de patinetes eléctricos que circulan actualmente por España y establece la obligatoriedad de inscripción y contratación de un seguro de responsabilidad civil.

La factura de la luz ofrece un respiro en enero de 2026 gracias a la nueva metodología del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que combina mercados a plazo para reducir la volatilidad de precios en los hogares españoles.

La Unión Europea (UE) aprueba definitivamente una normativa que prohíbe las importaciones de gas natural licuado ruso desde 2027, estableciendo sanciones severas y exigiendo planes de diversificación a los Estados miembros.

Las prácticas abusivas de las compañías energéticas siguen siendo una realidad preocupante. Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado en 2025, las Juntas Arbitrales de Consumo dieron la razón a los usuarios en el 78 % de las reclamaciones de electricidad y el 74 % en gas.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé un crecimiento del 2 % en la demanda mundial de gas para 2026, impulsado por Asia y un aumento histórico del 7 % en la producción de gas natural licuado (GNL) liderado por Estados Unidos.

Portugal acaba de eliminar su equivalente al impuesto del 7 % español sobre la generación eléctrica. Esta decisión ha encendido las alertas del sector español, que exige la derogación del Impuesto  sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) para recuperar la competitividad en el mercado ibérico.