El Gobierno despliega 80 medidas para contener la crisis energética

Un paquete de emergencia frente al choque energético global

El Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo de 2026 aprobó dos reales decretos con 80 medidas anticrisis que movilizan 5.000 millones de euros para contener el encarecimiento de la energía derivado de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. La mayoría de las disposiciones tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2026, aunque podrán prorrogarse si el conflicto se extiende.

Menos impuestos en tu factura de luz y gas

El núcleo del primer decreto es una profunda rebaja fiscal sobre la energía doméstica y los carburantes.

La electricidad se abarata por triple vía

El IVA de la electricidad baja del 21 al 10 %, el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) se recorta hasta el 0,5 % y se suspende temporalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el gravamen del 7 % que pagan las generadoras y que habitualmente repercute en el precio final de la luz. Con estas tres medidas, el precio de la luz debería notarse a la baja en las próximas facturas.

Gasolina, diésel, gas y biomasa: todos bajan

El IVA de los carburantes también cae del 21 al 10 %, una medida urgente dado que el diésel y la gasolina se habían encarecido un 27,4 y un 14,9 % respectivamente desde el inicio del conflicto. El impuesto especial de hidrocarburos se reducirá hasta el mínimo permitido por la UE. El gas natural, los pellets y la leña, presentes en 2,5 millones de hogares, mayoritariamente rurales, también se benefician de un IVA reducido al 10 %.

El butano y el propano quedan congelados

La bombona de butano no podrá superar los 16,35 euros, su precio máximo actual. El propano queda topado en torno a los 12 euros. Ambas congelaciones buscan proteger a los hogares que dependen de estos combustibles para calefacción y cocina.

Ayudas directas para los más afectados

El paquete no solo actúa sobre los impuestos, sino que también establece apoyos económicos directos para hogares en situación vulnerable y sectores productivos que dependen intensamente del combustible en su actividad diaria.

Transportistas, agricultores y pescadores

Los sectores profesionales con mayor dependencia del gasóleo recibirán una ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante para compensar el encarecimiento acumulado desde el inicio de la guerra.

Consumidores vulnerables: más descuento y suministro garantizado

El Bono Social Eléctrico se refuerza hasta diciembre de 2026 con descuentos del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos. Además, queda expresamente prohibido interrumpir suministros esenciales en estos hogares.

Industria electrointensiva: bonificación del 80 %

Siderúrgicas, cementeras, azulejeras y químicas recibirán una bonificación del 80 % sobre ciertos costes eléctricos regulados, con un ahorro estimado de 200 millones de euros. El objetivo es que no pierdan competitividad frente a sus rivales internacionales.

Flexibilidad contractual y control del mercado

El decreto establece mecanismos para que empresas y autónomos puedan modificar sus contratos de suministro energético con mayor facilidad. Para evitar abusos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recibe nuevas capacidades de supervisión y potestad sancionadora frente a prácticas especulativas. 

Asimismo, se introduce una limitación de márgenes empresariales para impedir que grandes compañías eleven precios de forma injustificada durante la crisis.

Empleo y transición energética: dos compromisos en el mismo decreto

El decreto prohíbe el despido objetivo por causas relacionadas con la crisis energética en empresas que reciban ayudas públicas, una medida ya aplicada durante la pandemia y la guerra de Ucrania que recupera ahora su vigencia.

Se adelanta a diciembre de 2026 la obligación de que todas las empresas de más de 200 trabajadores dispongan de un plan de movilidad sostenible. El decreto contempla además deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, reforzando la hoja de ruta hacia la soberanía energética.

Vivienda: el segundo decreto y su futuro incierto

Fruto de la presión de Sumar, un segundo real decreto congela durante dos años los alquileres de unos 600.000 contratos que vencen en 2026, limitando la actualización anual al IPC e impidiendo subidas discrecionales al finalizar el contrato. Sin embargo, el previsible rechazo de Junts y los partidos conservadores pone en riesgo su ratificación en el Congreso, que deberá pronunciarse en un plazo máximo de un mes desde su publicación en el BOE.

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