Faltan enchufes: el gran obstáculo del coche eléctrico

¿Por qué España sigue a la cola en infraestructura de carga para coches eléctricos?

Pese al avance del coche eléctrico y el gran ahorro energético que supone, España continúa rezagada respecto a Europa en uno de los factores clave para su implantación: los puntos de recarga.

Según datos recientes del Parlamento Europeo, nuestro país apenas ha superado los 54.000 puntos de recarga públicos, muy lejos de los 100.000 que se consideraban necesarios para 2025. A día de hoy, y con un parque de vehículos eléctricos en crecimiento, la red de carga sigue siendo insuficiente, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos.

Esta situación contrasta con países como los Países Bajos o Alemania, que han apostado de forma decidida por desplegar una red robusta y accesible. El resultado: en España muchos usuarios ven con incertidumbre la idea de dar el salto al vehículo eléctrico.

Una red desigual: ¿dónde están los puntos de carga?

Uno de los grandes problemas de la red de recarga en España es su distribución geográfica. La mayoría de los puntos de carga se concentran en Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades. Mientras tanto, muchas zonas rurales o interurbanas carecen de infraestructura suficiente, lo que genera lo que algunos expertos ya denominan “desiertos de carga”.

Además, el crecimiento ha sido lento. A pesar de que el número total ha aumentado en los últimos años, casi la mitad de los puntos instalados no están en funcionamiento o no son accesibles públicamente. Fallos de software, conectores incompatibles, falta de mantenimiento o trámites administrativos paralizados están detrás de esta falta de operatividad, lo que frustra tanto a usuarios como a potenciales compradores.

Puntos de carga rápida: la gran asignatura pendiente

Según datos del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos, España cuenta con menos de 3.500 puntos de carga ultrarrápida (superiores a 150 kW), un número muy por debajo de lo necesario para cubrir los trayectos de larga distancia y responder a las necesidades del transporte profesional.

Los puntos de carga rápida permiten recargar un 80 % de batería en menos de 30 minutos, pero su instalación es mucho más costosa y compleja. Exige conexión a redes eléctricas de alta potencia y autorización por parte de múltiples administraciones. Como resultado, la mayoría de cargadores instalados en el país son lentos o semirrápidos, lo que limita la eficiencia del sistema.

Burocracia y trabas administrativas

Uno de los factores que más ralentiza el despliegue de infraestructuras es la excesiva burocracia. Los operadores de carga deben superar hasta ocho trámites diferentes para que un punto esté operativo. Esto incluye licencias urbanísticas, conexión a la red, permisos medioambientales y más.

El Gobierno ha prometido medidas de simplificación, como el Real Decreto 29/2021, que intenta agilizar el proceso para infraestructuras de energía renovable y carga eléctrica. Sin embargo, los resultados aún no se notan a gran escala. Además, los fondos europeos Next Generation destinados a movilidad eléctrica están infrautilizados o mal canalizados, según denuncian asociaciones del sector.

El papel de las grandes eléctricas y el sector privado

Las grandes compañías energéticas como Iberdrola, Endesa o Repsol están invirtiendo en redes de carga, tanto en estaciones de servicio como en centros comerciales y parkings públicos. También han surgido nuevos actores como Zunder, Wenea o Easycharger, que buscan cubrir el vacío con modelos de negocio innovadores.

Sin embargo, la falta de interoperabilidad, es decir, que un usuario pueda recargar en cualquier punto con una misma app o tarjeta, sigue siendo un obstáculo. Muchos usuarios se enfrentan a apps distintas, precios variables y dificultades para planificar sus rutas.

Conductores eléctricos: incertidumbre, obstáculos y decisiones pendientes

La consecuencia directa de una red insuficiente es el fenómeno conocido como “ansiedad de autonomía”. Muchos usuarios potenciales de vehículos eléctricos temen quedarse sin batería en carretera, lo que frena la intención de compra. Según estudios recientes, solo un 8 % de los españoles valora comprar un coche 100 % eléctrico en 2025 si no mejora significativamente la infraestructura.

Además, los cargadores disponibles suelen tener tiempos de espera prolongados o estar ocupados, lo que genera una mala experiencia de usuario. El resultado es que España se queda atrás no solo en infraestructura, sino también en el ritmo de transición energética en movilidad.

¿Qué medidas se están tomando y qué falta por hacer?

El Gobierno español ha anunciado su intención de alcanzar los 100.000 puntos de carga públicos para 2030, además, los objetivos europeos exigen un punto de carga cada 60 km en carreteras principales. Para ello, se están destinando fondos del PERTE VEC (Proyecto Estratégico para el Vehículo Eléctrico y Conectado) y se estudian incentivos fiscales para operadores y usuarios.

No obstante, asociaciones como Transport & Environment o la Fundación Ecología y Desarrollo insisten en que se necesita una política de Estado más ambiciosa y coordinada. La instalación debe ser masiva, rápida y enfocada en facilitar la carga ultrarrápida en nodos logísticos, autovías y zonas rurales.