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El Gobierno de España, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha publicado recientemente las bases reguladoras para el lanzamiento de una ambiciosa iniciativa de 120 millones de euros destinada a la creación y desarrollo de comunidades energéticas. Esta inversión es parte fundamental de los esfuerzos nacionales para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, descentralizado y participativo. En este artículo, exploraremos en detalle las nuevas bases reguladoras, los objetivos de esta iniciativa y las oportunidades que representa para las comunidades energéticas en España.
Resumen
Esta inversión ofrece una gran oportunidad para que las comunidades locales lideren la transición hacia un modelo energético más sostenible, justo y resiliente.
Antes de adentrarnos en las nuevas bases publicadas, es determinante entender el concepto de comunidades energéticas. Estas comunidades son agrupaciones locales compuestas por ciudadanos, pequeñas y medianas empresas, así como por entidades públicas, cuyo propósito es generar, gestionar y consumir energía de forma colectiva y sostenible.
Dichas comunidades fomentan la participación activa de la población en la transición hacia un modelo energético más sostenible, incentivando la producción de energía renovable, la eficiencia energética y la disminución de las emisiones de CO2. Asimismo, promueven el acceso equitativo a la energía al reducir la dependencia de los gigantes energéticos del sector e incrementar la resiliencia energética a nivel local.
El propósito principal de esta reciente convocatoria es promover la creación de proyectos innovadores de comunidades energéticas en diferentes regiones de España. Con una asignación presupuestaria de 120 millones de euros, este proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Las nuevas bases reguladoras establecen que los proyectos elegibles deben contribuir a la creación de nuevas comunidades energéticas o a la consolidación de aquellas que ya existen. Por lo que, podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas entidades jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, con domicilio fiscal en España, y que conformen una Comunidad de Energía Renovable o una Comunidad Ciudadana de Energía. Serán elegibles los proyectos que se lleven a cabo en, al menos, una de las siguientes áreas de actuación:
Además, se valorarán positivamente aquellos proyectos que promuevan la participación activa de los ciudadanos, especialmente en áreas rurales o en riesgo de despoblación, donde la transición energética puede tener un impacto particularmente significativo y se dará más puntuación a aquellos proyectos que combinen diversas actuaciones, valorando el grado de madurez de los mismos.
Las nuevas bases reguladoras publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través del IDAE dentro del Programa CE Implementa, determinan que los proyectos elegibles cumplan con una serie de requisitos y criterios esenciales para la adjudicación de las ayudas.
La participación activa de los ciudadanos debe constituir el eje central de la iniciativa sobre la que gira el proyecto. El objetivo es el de fomentar la inclusión y cohesión social para que todos los miembros de la comunidad energética puedan beneficiarse de la eficiencia energética y de la inversión en energías renovables.
Será prioritario presentar un proyecto dotado de un impacto ambiental positivo en cuanto a reducción de emisiones de CO2 y a la mejora que este supone para la calidad de vida de la comunidad local. Hablamos de términos como la creación de empleo, igualdad de oportunidades o la disminución del grado de pobreza energética.
Es de crucial importancia que estos proyectos proporcionen soluciones innovadoras que puedan ser utilizadas por otras comunidades locales. Se valorará el uso de tecnologías avanzadas, como las redes inteligentes o los sistemas de almacenamiento de energía, que favorezcan una gestión eficiente de la energía cosechada.
Los proyectos deben contar con un plan de negocio claro y sostenible a largo plazo, que demuestre su viabilidad económica y administrativa, así como su eficiencia energética. Será positivo la capacidad de atracción de inversión privada o la participación de otros actores locales como pymes o cooperativas.
Tendrán un impacto en la valoración del proyecto ciertas externalidades positivas como:
La nueva partida de 120 millones de euros supone una gran oportunidad para las comunidades locales. Mediante el fomento de la creación de comunidades energéticas, el Gobierno no solo promueve la transición hacia un modelo energético más sostenible, sino que también está impulsando la participación ciudadana y la justicia social. Este punto es uno de los objetivos básicos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y ya se ha visto impulsada con 100 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Igualmente, se han destinado 80 millones de euros para la puesta en marcha de 128 comunidades energéticas a través de las cuatro líneas anteriores del Programa CE Implementa, y 20 millones de euros para 77 Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), que son puntos de información para asesorar, acompañar y dinamizar este tipo de proyectos.
Las comunidades energéticas gozan de una oportunidad única para liderar el cambio hacia un modelo energético más justo, sostenible y resiliente. El éxito de esta nueva convocatoria dependerá de la capacidad de estas para organizarse, desarrollar proyectos innovadores y aprovechar al máximo los recursos disponibles.
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Javi Moralejo
Redactor de contenido & SEO
Graduado en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente redacto contenido sobre la temática energética para Hello Watt.
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