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La comisión de Industria del Senado pide al Gobierno modernizar las redes eléctricas de polígonos antiguos tras las quejas de empresas que no pueden ampliar su potencia contratada.
La comisión de Industria y Turismo del Senado ha dado luz verde a una iniciativa del Grupo Popular que pretende actualizar la infraestructura eléctrica en polígonos industriales construidos en las décadas de 1970 y 1980. La propuesta, defendida por la senadora María Dolores Esteve, obtuvo 17 votos a favor y 12 abstenciones.
El problema identificado afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas que se encuentran con negativas de las distribuidoras eléctricas cuando solicitan aumentar su potencia contratada.
Las compañías alegan falta de capacidad en la red, aunque paradójicamente permiten consumos superiores mediante penalizaciones que pueden duplicar o triplicar el coste de la electricidad.
La senadora Esteve ha planteado varias soluciones concretas para abordar esta situación. Entre las principales medidas destacan la redistribución de potencia eléctrica no utilizada en parcelas de polígonos antiguos y el aprovechamiento de capacidad infrautilizada mediante "reglas claras".
Las propuestas incluyen la creación de bolsas de kilovatios recuperados y la implementación de cesiones temporales de parcelas entre empresas. Estos mecanismos permitirían una gestión más eficiente de los recursos disponibles sin necesidad de grandes inversiones en nueva infraestructura.
¿Quién gestiona la red de distribución?
En España, la red eléctrica de distribución, clave para conectar polígonos industriales, no es gestionada por Red Eléctrica, sino por compañías como i-DE (Iberdrola), e-distribución (Endesa) o UFD (Naturgy). Son estas empresas las que aceptan o rechazan las solicitudes de ampliación de potencia en función de la capacidad local disponible.
Las limitaciones de potencia eléctrica generan consecuencias directas en la actividad económica. Las empresas afectadas se ven obligadas a posponer la renovación de equipos más eficientes energéticamente y limitar la contratación de personal, perdiendo competitividad frente a compañías con mayor capacidad eléctrica disponible.
Los números reflejan la magnitud del problema: en 2024, el 49 % de las peticiones de acceso fueron rechazadas, comparado con el 27 % de 2020. Esta tendencia afecta especialmente a provincias con gran carga industrial, donde las solicitudes de conexión han crecido más rápido que las infraestructuras, siendo los centros de datos uno de los principales demandantes.
Aunque existe consenso sobre la necesidad de actualizar las redes, los grupos parlamentarios difieren en el enfoque. Jordi Gaseny (ERC) defiende un modelo coherente con el autoconsumo y la generación distribuida, apostando por polígonos que generen parte de su propia energía, siguiendo el ejemplo de países más avanzados.
Por su parte, José Antonio Valbuena amplía la perspectiva, considerando que la transición energética requiere mejorar no solo la potencia empresarial, sino también la de particulares e inmuebles para facilitar el despliegue de los vehículos eléctricos.
Esta moción pone de manifiesto uno de los principales obstáculos para la modernización industrial en España: la obsolescencia de infraestructuras eléctricas diseñadas hace décadas. La actualización de las redes de media y baja tensión requerirá acuerdos operativos entre el Gobierno, las compañías eléctricas y las distribuidoras.
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Redactora de contenido SEO
Periodista especializada en el sector del medioambiente, ahora estudiante de máster en Marketing Digital. Isabel se une a Hello Watt para crear contenido sobre el mercado energético.
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