ETS2: el nuevo coste del CO₂ en Europa, explicado de forma sencilla

¿Qué es el ETS2?

El ETS2, o Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE2) en castellano, es el nuevo sistema que la UE quiere aplicar para regular las emisiones derivadas de la quema de combustibles en edificios, transporte por carretera y pequeña industria. La medida se centrará en empresas que venden combustible, como gasolineras y compañías de gas, que deberán adquirir derechos de emisión por cada tonelada de CO₂ generada por sus productos. 

La UE subastará anualmente un número limitado de estos permisos, cuyo precio dependerá de la oferta y la demanda: cuanto más combustible venda una empresa, más permisos necesitará. El objetivo es incentivar una reducción progresiva del uso de combustibles fósiles y menguar emisiones en sectores que hasta ahora no estaban incluidos en el mercado europeo de carbono. 

El ETS2 se suma al conjunto de políticas del Pacto Verde Europeo, alineado con la transición hacia un modelo económico más sostenible. Sin embargo, ha generado preocupación en empresas y ciudadanía por su posible impacto en el precio del gas y la gasolina. Se prevé que estos costes se trasladen al consumidor final.

Principales consecuencias del ETS2

El nuevo sistema que implementará la UE no se trata de un impuesto específico a las empresas ni tampoco a los consumidores, a diferencia de lo que piensan muchos. Se trata de una reforma dentro de un sistema regulatorio, aunque es cierto que su aplicación puede trasladarse al precio final del producto que pagarán los consumidores.

Así que, a pesar de que el ETS2 es una medida clave para la transición energética de los países miembros de la Unión Europea, lo cierto es que estas pueden ser algunas de sus consecuencias:

• Aumento en los precios del gas natural y de los carburantes: según estimaciones de la UE, por cada euro que aumente el precio del CO₂, el gas natural podría encarecerse en torno a 3,1 €/MWh, mientras que el precio de los carburantes podría subir entre 0,17 € y 0,20 €/litro a partir de 2027. 

• Falta de capacidad en la infraestructura: el incremento del precio de los combustibles fósiles impulsará la adopción de vehículos eléctricos y bombas de calor, pero será necesario mejorar significativamente la red eléctrica y ampliar la capacidad industrial de fabricación para responder a la nueva demanda.

• Incertidumbre política: los diferentes cambios regulatorios, como la posible prohibición de los motores de combustión en 2035, pueden afectar las expectativas del mercado.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma?

El cronograma de la Comisión Europea prevé la implementación completa del sistema ETS2 en 2027 y asegura que todo está preparado para que dicho proceso se lleve a cabo de forma ordenada, fluida y eficiente. Así pues, la UE ha diseñado dos fases para su aplicación, que son las siguientes:

1. Seguimiento y notificación en 2025: este año se empezará a medir y notificar las emisiones, sin que todavía se cobre por ellas. El objetivo es comenzar a concienciar y preparar el terreno para la implementación definitiva del sistema.

2. Subasta de derechos en 2027: será 2027 cuando se aplique realmente este nuevo mecanismo, al iniciarse la subasta de los permisos de emisión (es decir, las “licencias para contaminar”). Para dinamizar el mercado, se pondrá en circulación un 30 % más de permisos de lo habitual, con el fin de aumentar la oferta y lograr precios estables.

Medidas previstas para mitigar los efectos del sistema de regulación

Europa ha previsto una serie de mecanismos destinados a aliviar tanto a los consumidores como a las empresas de los distintos sectores afectados, con el objetivo de evitar una subida de precios excesiva:

Un fondo social para mitigar los efectos

El Fondo Social para el Clima (SCF) es un instrumento creado junto con la reforma del ETS2 para proteger a los hogares más vulnerables, los usuarios del transporte y las microempresas frente a la implementación de este nuevo sistema regulatorio. Contará con al menos 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032, financiados a partir de los ingresos del propio ETS2 y de una contribución obligatoria del 25 % por parte de los Estados miembros.

Las ayudas se destinarán a sectores como la eficiencia energética, la renovación de edificios, la calefacción y refrigeración limpias, y el transporte. Cada Estado miembro podrá decidir si concede ayudas directas temporales a la renta y serán los propios países quienes deban presentar un Plan Nacional de Acción Social por el Clima antes de junio de 2025, con el fin de cumplir los requisitos y acceder a los fondos.