El gran apagón de España: 200 millones en pérdidas

Un día sin luz que paró un país

El 28 de abril, la península ibérica vivió un apagón que detuvo su actividad durante horas. No hubo luz, ni semáforos, ni trenes; muchas personas regresaron a casa como pudieron y otras salieron a la calle en busca de compañía en un día que alteró la rutina de millones.

Ahora, un mes después, el Gobierno ha puesto cifras oficiales a ese colapso: 200 millones de euros. Una cantidad que, si bien el ministro de economía Carlos Cuerpo calificó como “muy reducida”, representa un golpe económico real para el país. “La rápida recuperación del suministro eléctrico evitó consecuencias mayores”, aseguró el ministro, destacando que el rebote en la actividad comercial los días posteriores compensó en parte la caída inicial, que alcanzó el 50 %.

La coordinación entre el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permitió que los sistemas financieros y de pago funcionaran con resiliencia, excepto en aquellos puntos donde las terminales dejaron de operar por falta de batería.

Pero más allá de la rápida recuperación, los 200 millones de euros dejan claro lo frágil que puede ser la economía ante un corte inesperado.

¿Qué causó el apagón? La transición energética en el foco

Aunque no se han encontrado indicios de ciberataques ni de sabotaje, el apagón ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión relevante: si el sistema eléctrico actual está suficientemente preparado para afrontar los desafíos de una transición energética cada vez más exigente.

Ese día, el mix energético se apoyaba principalmente en energías renovables, más económicas, pero más vulnerables ante situaciones imprevistas. Mientras que la presencia de tecnologías que garantizan la estabilidad, como el ciclo combinado, era muy limitada.

El Gobierno ha reconocido que había informes previos alertando sobre la necesidad de reforzar la estabilidad del sistema eléctrico. Sin embargo, se priorizó una estrategia de menor coste que, ante un fallo, resultó en una pérdida millonaria que podría haberse evitado.

Desde entonces, se ha optado por operar en modo "reforzado", quemando más gas natural para sostener el sistema. Esto ha elevado el coste de la electricidad para los consumidores con tarifa regulada, que han visto subir su factura en cinco euros de media en solo un mes.

Un país bajo presión

La crisis también ha puesto en entredicho el relato optimista en torno a las energías renovables. Apenas una semana antes del apagón, la ministra de Transición Ecológica celebraba un récord histórico de producción solar, declarando que “somos el país de las renovables”. Sin embargo, tras lo ocurrido, el enfoque ha cambiado y ahora se insiste en la necesidad de combinar ese orgullo con una visión más realista y técnicamente sólida.

Aunque el Gobierno niega rotundamente que se tratara de un experimento fallido, el apagón ha encendido el debate entre quienes reclaman reforzar fuentes estables como la nuclear y quienes siguen apostando por acelerar la descarbonización.

Un reto urgente para la seguridad energética

A pesar de los intentos por minimizar su impacto, el coste económico del apagón, 200 millones de euros, es una clara señal de alarma. Más allá de su carga simbólica, esa cifra pone de manifiesto que el sistema eléctrico necesita ajustes urgentes para que la transición hacia un modelo más limpio no venga acompañada de nuevas vulnerabilidades.

El apagón del 28 de abril no solo dejó al país a oscuras durante unas horas, también evidenció que avanzar hacia las energías renovables exige responsabilidad, planificación y garantías técnicas. Porque cuando se improvisa en un sistema tan delicado, el error no solo se nota, cuesta millones.