Sentencia histórica para consumidores: factura física garantizada

Sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de gran relevancia para los consumidores del sector energético, al confirmar que las empresas no pueden negar el derecho a recibir facturas en papel. Esta decisión se da tras la sanción impuesta a Telefónica, (Movistar), por infracciones contra sus clientes.

La autoridad de consumo sancionó a Telefónica con 765.001 € por incluir en sus contratos una cláusula que vinculaba la domiciliación bancaria con la aceptación implícita de facturación electrónica. Esta práctica no permitía a los consumidores decidir sobre el formato de sus facturas.

El Supremo confirmó la multa y estableció que, aunque el consumidor no se manifieste sobre su preferencia, las compañías no pueden imponer por defecto la factura electrónica. Esta decisión protege a los consumidores sin acceso a internet o con dificultades tecnológicas.

Marco legal que protege tus derechos

La sentencia se apoya en dos pilares normativos fundamentales:

Real Decreto 1619/2012

El artículo 8 establece que los consumidores pueden recibir facturas en papel o electrónicamente, garantizando siempre autenticidad, integridad y legibilidad. Para las facturas electrónicas es obligatorio que el usuario dé su consentimiento.

Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios

Desde 2014, el artículo 63 refuerza el derecho a las facturas en papel sin coste adicional. Mientras que la expedición electrónica queda condicionada al consentimiento expreso del consumidor, revocable en cualquier momento.

Impacto en el sector energético

Con esta decisión judicial, las empresas no podrán usar cláusulas abusivas para imponer las facturas digitales. De esta forma, deberán revisar las políticas de facturación para garantizar la elección del consumidor.

Ante cualquier incumplimiento de estos derechos, los consumidores deben reclamar. El caso de Movistar evidencia que la presión colectiva de los consumidores logra cambios normativos significativos para proteger los derechos fundamentales de todos los consumidores del sector energético.