El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley anti-apagones tras el 28 de abril

El apagón del 28 de abril: origen de las nuevas medidas

El 28 de abril de 2025, España sufrió un apagón eléctrico masivo que evidenció graves fallos en la gestión del sistema eléctrico. El incidente puso al descubierto la falta de preparación del país para manejar situaciones de tensión extrema en la red, especialmente con la creciente integración de energías renovables.

Las investigaciones abiertas buscan aclarar los detalles técnicos y responsabilidades del suceso, que dejó sin electricidad a millones de ciudadanos durante horas. Como respuesta directa a esta crisis, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas urgentes para evitar que se repita una situación similar.

Objetivos principales del Real Decreto-ley

• Reforzar la seguridad del sistema eléctrico: el objetivo central del nuevo marco normativo es aumentar la resiliencia del sistema eléctrico español, mejorando su capacidad de respuesta ante desequilibrios de tensión. Para conseguirlo, se establecen nuevos mecanismos de control, se incentivan tecnologías clave y se abren vías de participación para los consumidores.
• Avanzar en la transición energética de forma segura: el decreto busca continuar con la transición hacia energías limpias sin comprometer la estabilidad del suministro eléctrico. Esta prioridad se ha vuelto crítica tras el apagón, que demostró los riesgos de una integración mal gestionada de las renovables.

Las renovables tendrán un nuevo papel en el sistema eléctrico

Una de las principales novedades es que las plantas solares y eólicas podrán prestar servicios de apoyo al sistema eléctrico. Hasta ahora, estas instalaciones no participaban activamente en el control de tensión de la red.

Con el nuevo decreto, las renovables recibirán compensación económica por ofrecer estos servicios auxiliares. Este cambio representa un giro estructural que reconoce su papel no solo como generadoras de energía, sino como actores esenciales para la estabilidad de la red.

La norma también agiliza los trámites administrativos y extiende los plazos para instalaciones renovables en desarrollo. Esta medida responde a las presiones del sector, que llevaba meses reclamando flexibilidad regulatoria.

Impulso definitivo al almacenamiento energético

El Real Decreto da un paso firme para consolidar el almacenamiento como pieza clave del sistema eléctrico. Estas soluciones permiten acumular energía en momentos de alta generación renovable, cuando hay sol o viento en exceso y liberarla cuando la demanda lo requiere, estabilizando así la red.

Para ello, se eliminan barreras técnicas y administrativas que hasta ahora dificultaban la instalación de estos sistemas, tanto en el ámbito doméstico como en grandes proyectos industriales.

Además, el decreto introduce incentivos económicos específicos para atraer inversiones en esta infraestructura estratégica, fundamental para gestionar la intermitencia de las renovables y reforzar la seguridad del suministro eléctrico en todo el país.

Los agregadores de demanda: nueva figura en el mercado eléctrico 

El decreto introduce los agregadores de demanda, una figura ya consolidada en otros países europeos. Estos agentes pueden reunir a múltiples consumidores y coordinar reducciones de consumo en momentos críticos para el sistema. 

Los consumidores que participen en estos programas recibirán compensación económica por reducir su consumo cuando así se les solicite. Este modelo incentiva la participación activa del consumidor en el funcionamiento del sistema eléctrico.

Esta medida refuerza la flexibilidad de la red en tiempo real, permitiendo equilibrar oferta y demanda sin recurrir a costosas centrales de respaldo o cortes programados.

Mayor supervisión y control: el papel reforzado de la CNMC

En respuesta al apagón eléctrico del pasado abril, el Gobierno ha reforzado el papel de la CNMC como garante de la estabilidad del sistema.

Esta nueva etapa regulatoria llega acompañada de cambios clave que buscan mejorar la prevención de riesgos y garantizar una actuación más eficaz ante posibles fallos en la red.

Modernización de la regulación técnica

La modificación de la normativa de control de tensión representa un cambio fundamental en la gestión del sistema eléctrico español. Esta reforma extiende las responsabilidades de estabilidad de la red a actores previamente exentos: las instalaciones de generación renovable y los grandes consumidores del sector industrial.

La medida refleja la evolución hacia un modelo energético más diversificado, donde tanto la producción descentralizada como la gestión inteligente de la demanda se convierten en elementos estratégicos para el equilibrio del sistema.

Esclarecimiento del apagón

La CNMC ha recibido el mandato de liderar la investigación sobre el corte de suministro del 28 de abril, episodio que afectó significativamente la continuidad del servicio eléctrico. 

El regulador dispondrá de facultades plenas para determinar las causas del incidente e imponer las penalizaciones correspondientes a aquellas entidades que presenten fallos operativos o de cumplimiento normativo.

Esta función investigadora busca reforzar la credibilidad del sistema y  asegurar que la fiabilidad del suministro energético constituye un objetivo estratégico.

Hacia una supervisión reforzada

El conjunto de estas reformas posiciona a la CNMC como el eje regulatorio del sector energético en transformación. En un contexto donde el sistema se caracteriza por una mayor descentralización, digitalización y dependencia de recursos variables, el fortalecimiento de las competencias regulatorias permitirá una gestión más proactiva de los riesgos y una respuesta más ágil ante los desafíos.

De esta forma, se busca asegurar que el proceso de transformación energética mantenga como prioridad la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico.

El reto parlamentario: convalidación en el Congreso

Aunque el Real Decreto ya está en vigor, necesita ser convalidado por el Congreso de los Diputados para mantenerse activo. El Gobierno dispone de un mes para conseguir el respaldo parlamentario necesario.

Varios partidos de la oposición han expresado reservas sobre aspectos técnicos del decreto y cuestionan el alcance real de las medidas propuestas para evitar futuros apagones.

El sector energético, incluyendo las grandes eléctricas y las industrias intensivas en energía, observa atentamente el proceso parlamentario, ya que el resultado podría condicionar sus decisiones de inversión a corto y medio plazo.