Nuevo marco regulatorio: descarbonización del transporte en España

Marco regulatorio transformador para 2027

El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en consulta pública el borrador del Real Decreto de Fomento de los Combustibles Renovables, que incorpora a la legislación española la Directiva RED III y redefine estructuralmente el marco regulador para biocarburantes, biogás, hidrógeno verde y electricidad renovable.

A partir del 1 de enero de 2027, entrarán en vigor objetivos obligatorios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que cada sector del transporte debe cumplir obligatoriamente:

• Transporte por carretera: deben reducir sus emisiones de CO₂ en un 15,6 %. 
• Transporte ferroviario no electrificado: para trenes que usan diesel, deben reducir en un 5,4 %.
• Transporte marítimo (no internacional): reducción de CO₂ en un 3 %.
• Transporte aéreo: 2 % de combustible sostenible (2025-2029) y 6 % desde 2030.

Además, el decreto fija subobjetivos obligatorios con cuotas mínimas que España deberá cumplir antes de 2030 en el uso de combustibles renovables.

• Biocarburantes avanzados y biogás: debe representar el 5,5 % del total de energía consumida en transporte.
• Combustibles renovables no biológicos (hidrógeno verde y derivados): 2,5 % uso directo en vehículos o barcos y 1,5 % como producto intermedio usado en las refinerías.
• Bioetanol avanzado: 0,5 % sobre ventas de gasolina.

Sistema revolucionario de créditos e integración

Más allá de los objetivos fijados, el Real Decreto crea herramientas innovadoras para facilitar el cumplimiento de las mismas, los dos elementos que destacan de esta transformación son:

• La integración de gases renovables: como el biometano, biogás y combustibles hipo carbónicos, que reforzarán el Sistema de Garantías de Origen (GdO) para incluir alternativas que superen el 70 % de reducción de emisiones respecto a combustibles fósiles.
• Sistema de créditos electrónicos (e-credits): mecanismo voluntario que regirá a partir de enero 2027 y permitirá a los operadores de recarga pública generar créditos equivalentes a 1 MWh de electricidad renovable suministrada.

Implementación y recepción del decreto

El decreto está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé que, para el 2030, haya 5,5 millones de vehículos eléctricos en España, por lo que será necesario un amplio despliegue de infraestructura de recarga.

El sector energético muestra optimismo ante estos objetivos ambiciosos. La Plataforma por los Combustibles Renovables considera esta norma "clave para aumentar la penetración" y una oportunidad para que España lidere la producción europea.

Para asegurar el cumplimiento de estas metas, la normativa establece medidas de control rigurosas como: la creación de base de datos unificada europea, auditorías anuales obligatorias y uso de sistemas de certificaciones reconocidos.