Gobierno activa medidas urgentes tras rechazo del decreto antiapagones

Refuerzo para el sistema eléctrico español

Tras el rechazo, el pasado 22 de julio, por parte del Congreso de los Diputados, del Real Decreto-ley 7/2025 (decreto antiapagones), el MITECO ha lanzado una tramitación urgente de un Real Decreto que incluye medidas fundamentales para fortalecer el sistema eléctrico nacional. 

El texto estará abierto a alegaciones hasta el 11 de agosto y busca implementar un conjunto de medidas de supervisión y control para prevenir situaciones como el apagón eléctrico peninsular del 28 de abril.

Medidas para mejorar el impulso energético 

Entre las medidas propuestas para optimizar el uso de la red se encuentran:

1. Caducidad de permisos: el decreto establece la caducidad de los derechos de acceso y conexión a los cinco años para empresas y actividades económicas. Las peticiones deberán especificar el código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) correspondiente a la actividad a desarrollar.
2. Hibridación de instalaciones: se priorizará el uso de sistemas de almacenamiento (como baterías) combinados con instalaciones de generación ya existentes, especialmente si están ubicadas en terrenos previamente modificados por el ser humano.
3. Incorporación del almacenamiento al sistema eléctrico: se basa en el objetivo de alcanzar 22,5 gigavatios (GW) de potencia en 2030, según establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.
4. La Agilización de conexiones: se han establecido plazos específicos para que las compañías distribuidoras respondan a las extensiones de red:
   • 5 días si no se requiere ampliación de red.
   • 30 días para las ampliaciones necesarias
   • 60 días para construir un centro de transformación.
   • 80 días para múltiples centros de transformación

Funciones para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Red Eléctrica

Dentro de las nuevas responsabilidades de la CNMC, se verán potenciadas sus funciones de supervisión, así como la evaluación de las obligaciones de control de tensión de las empresas eléctricas obligadas, elaborando informes actualizados cada tres meses.

Además, la entidad completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición, prestando especial atención a las instalaciones con arranque autónomo y a las redes de distribución. Este plan se repetirá cada tres años.

Mientras, la Red Eléctrica de España (REE) deberá elaborar propuestas normativas sobre varios aspectos técnicos clave: oscilaciones de potencia, velocidad de variación de tensiones, restricciones técnicas y otros elementos para fortalecer la seguridad del sistema.

El operador deberá elaborar un nuevo procedimiento para coordinar los planes de desarrollo de las redes de transporte y distribución, además de diseñar requisitos mínimos de monitorización para análisis de incidentes.

Implementación y plazos

La REE tendrá un plazo de entre tres y seis meses para completar las propuestas, mientras que las reformas normativas subsiguientes deben ser analizadas y aprobadas en menos de seis meses.

Esta iniciativa regulatoria es un paso decisivo para fortalecer el sistema eléctrico español, incorporando lecciones aprendidas del apagón de abril y preparando la infraestructura para la transición energética.