España busca reforzar la seguridad en telecomunicaciones: 73 millones para garantizar servicio en crisis

¿Qué pretende el nuevo real decreto sobre seguridad en telecomunicaciones?

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado la consulta pública del proyecto de real decreto destinado a mejorar la seguridad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones ante situaciones de emergencia. La normativa, que estará en audiencia hasta el 8 de enero de 2026, busca garantizar la continuidad del servicio tras eventos como el apagón de finales de abril o fenómenos climáticos extremos.

La medida principal establece que el 85 % de la población española debe disponer de servicios de telecomunicaciones operativos durante al menos cuatro horas en caso de emergencia. Esto incluye garantizar el funcionamiento del servicio de llamadas al número de emergencias. Actualmente, solo alrededor del 30 % de las 10.400 antenas del país dispone de baterías o generadores que les permiten seguir funcionando en caso de un corte de luz.

Nuevas obligaciones para los operadores: inversiones, plazos y niveles de criticidad

El Gobierno calcula que será necesario reforzar alrededor de 7.280 emplazamientos, con una inversión unitaria estimada de 7.000 euros por antena. Según los análisis oficiales, el coste total para los operadores oscilará entre 50,96 y 72,8 millones de euros. 

¿Cómo se aplicarán las nuevas medidas de seguridad en las redes españolas?

La normativa afectará a los principales operadores de telecomunicaciones como Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi, así como a quienes gestionan infraestructuras digitales críticas como cables submarinos, sistemas satelitales y centros de datos. Las empresas deberán presentar un Plan General de Seguridad que incluya análisis de riesgos y medidas prioritarias.

Las instalaciones se clasificarán en tres niveles según criticidad. Las de primer nivel deberán mantener operatividad durante 24 horas ante cortes eléctricos, las de nivel intermedio durante 12 horas y el resto durante al menos 4 horas. Esta estratificación permitirá a cada operador establecer prioridades según la relevancia económica y social de sus servicios.

El proyecto también refuerza las obligaciones de notificación de incidentes. Los operadores deberán informar en un plazo máximo de una hora tras detectar un suceso, con notificaciones intermedias periódicas y un informe final detallado. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ejercerá como autoridad supervisora del cumplimiento normativo y coordinará con organismos nacionales e internacionales.

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